En vísperas de las elecciones del 26 de octubre, la candidatura de Osvaldo Jaldo a diputado nacional ha despertado debates y opiniones encontradas. Sin embargo, más allá de las interpretaciones políticas, lo cierto es que su postulación es absolutamente legítima, legal y coherente con las reglas de nuestro sistema democrático.
Un derecho consagrado y sin restricciones locales
La Constitución de la provincia de Tucumán y el Código Electoral provincial son claros: no existe ninguna prohibición para que un funcionario en ejercicio se postule a otro cargo. Tampoco imponen condicionamientos sobre la intención futura de asumir o no asumir el mandato, dejando en manos del electorado la decisión final.
Esto significa que, en el plano normativo, la candidatura de Jaldo se ajusta plenamente al marco legal vigente.
Un antecedente federal que sienta jurisprudencia
En 2009, cuando se cuestionó judicialmente la candidatura testimonial de José Alperovich, el Juzgado Federal con competencia electoral en Tucumán, a cargo del juez Daniel Bejas, fue contundente:
> El artículo 73 de la Constitución Nacional solo impide ejercer dos cargos simultáneamente, pero no prohíbe la postulación.
Esta resolución no solo convalidó la práctica, sino que se transformó en un precedente válido para toda la provincia, vigente hasta hoy. Desde entonces, no ha existido ningún fallo en Tucumán que declare ilegítima una candidatura testimonial.
Una herramienta política conocida y aceptada
Las candidaturas testimoniales no son un invento tucumano ni exclusivo del peronismo local. Se han utilizado en distintos momentos y por diferentes fuerzas políticas en el país. En todos los casos, la última palabra siempre la tiene el voto popular, que es la máxima expresión de la soberanía ciudadana.
En este contexto, la postulación de Jaldo no debe verse como un ardid, sino como una estrategia electoral legítima, destinada a fortalecer la presencia política de Tucumán en el escenario nacional, defendiendo los intereses de la provincia frente a un contexto nacional cada vez más complejo.
Osvaldo Jaldo tiene el derecho político y constitucional de presentarse como candidato. La ley lo ampara, la jurisprudencia lo respalda y la historia política argentina reconoce esta práctica como parte de las herramientas de construcción de poder en democracia.
El 26 de octubre, serán los tucumanos quienes decidan en las urnas si su liderazgo continúa marcando el rumbo de la provincia también en el Congreso de la Nación.
