En estos días hemos asistido a un hecho que debería preocuparnos a todos los argentinos, más allá de nuestras simpatías políticas: un juez federal dictó una medida cautelar que prohibió la publicación de audios vinculados con Karina Milei. Lo que en apariencia puede parecer una protección de derechos individuales se convierte, en los hechos, en la instauración de una práctica peligrosa: la censura previa.
La Constitución Nacional es contundente. En su artículo 14 reconoce a todos los habitantes el derecho de “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”. Y el artículo 32 prohíbe expresamente al Congreso dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta. La lógica es sencilla: en una república, la palabra circula libremente y el poder solo puede intervenir después de la publicación, jamás antes. Cualquier restricción previa equivale a una mordaza al periodismo y a la ciudadanía.
Además, la Argentina está obligada por compromisos internacionales. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) establece de manera taxativa que el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeto a censura previa, sino únicamente a responsabilidades ulteriores, fijadas por ley y necesarias para garantizar derechos concretos como el honor, la seguridad nacional o el orden público. El sistema interamericano ha sido enfático: la censura previa es incompatible con un régimen democrático.
Por eso sorprende la contradicción. Quienes se autoproclaman libertarios, que dicen defender las libertades individuales y el achicamiento del Estado, terminan avalando mecanismos judiciales que cercenan el derecho más elemental en democracia: la libertad de prensa y de expresión. Lo que ayer criticaban en regímenes autoritarios, hoy parece naturalizado cuando protege los intereses del poder.
No se trata de defender a un medio en particular, sino de resguardar un principio civilizatorio: sin libertad de prensa, no hay ciudadanía informada; y sin ciudadanía informada, no hay república posible. La cautelar dictada no solo lesiona la Constitución y los tratados internacionales, también erosiona la confianza en el Estado de Derecho.
La democracia argentina, con todos sus defectos, ha sabido construir consensos básicos desde 1983. Entre ellos, que la censura previa no puede volver a nuestras vidas. No podemos permitir que el miedo, la conveniencia política o la protección de nombres propios sienten precedentes que más tarde serán usados contra cualquiera. Hoy es un audio, mañana puede ser una investigación sobre corrupción o abuso de poder.
Por eso, frente a este atropello, cabe recordarle a los autoproclamados libertarios que la verdadera libertad no se predica en discursos incendiarios, sino que se garantiza con instituciones que respeten la Constitución y los tratados internacionales que nos obligan. La república no se defiende amordazando periodistas, sino ampliando los derechos de la ciudadanía
