En la Argentina, donde todo parece empezar de cero cada cuatro años, el reciente fallo favorable en el juicio por la expropiación de YPF deja una enseñanza incómoda para muchos, pero necesaria: a veces, el Estado funciona como Estado.
Durante más de una década, gobiernos de signos políticos opuestos —desde el kirchnerismo hasta el actual oficialismo— sostuvieron una misma estrategia jurídica frente a uno de los litigios más costosos de nuestra historia. En el camino, pasaron procuradores, cambiaron discursos, mutaron prioridades. Pero la defensa se mantuvo.
Y eso, en nuestro país, no es lo habitual.
El caso YPF no solo implicaba una discusión jurídica. Estaba en juego una condena multimillonaria que podía comprometer seriamente las finanzas públicas y condicionar cualquier programa económico. Sin embargo, lejos de improvisaciones o volantazos, la Argentina sostuvo una línea técnica consistente, acompañada por estudios jurídicos internacionales y una estructura estatal que, esta vez, logró trascender la lógica partidaria.
El resultado está a la vista: la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos dejó sin efecto una sentencia que obligaba al país a pagar miles de millones de dólares. No es un dato menor. Es, en términos concretos, haber evitado un golpe económico de enorme magnitud.
Pero lo verdaderamente relevante no es solo el fallo. Es el proceso.
En un escenario político atravesado por la confrontación permanente, donde la descalificación suele reemplazar al debate y la lógica electoral domina cada decisión, el caso YPF muestra que es posible otra forma de actuar: una donde el interés nacional prevalece sobre la conveniencia inmediata.
No se trata de idealizar. La Argentina sigue teniendo enormes problemas de coordinación, planificación y previsibilidad. Pero este episodio deja en evidencia que, cuando existe una decisión política de sostener políticas más allá de los gobiernos, los resultados pueden ser distintos.
También interpela a la dirigencia.
Porque si fue posible mantener una estrategia común en un litigio internacional de esta magnitud, ¿por qué no sucede lo mismo con temas centrales como la educación, la seguridad o el desarrollo productivo? ¿Por qué todo debe reinventarse una y otra vez?
Tal vez la respuesta esté en que, muchas veces, el sistema político confunde gestión con marketing y Estado con gobierno. Y en esa confusión, se pierde continuidad, se pierden oportunidades y, sobre todo, se pierde tiempo.
El fallo por YPF no resuelve los problemas estructurales del país. Pero deja una señal clara: la Argentina puede, si quiere, actuar con racionalidad y persistencia.
Un extraño caso de política de Estado.
Y quizás, también, un punto de partida.
