El reciente documento del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, presentado como un “marco para un acuerdo de comercio e inversión recíprocos” con la Argentina, fue difundido casi en silencio, sin debate público y, mucho menos, parlamentario. Sin embargo, lo que allí se plantea tiene un impacto directo sobre nuestra economía, nuestra democracia y nuestra soberanía, incluida la de las provincias del Norte Grande, como Tucumán.
Detrás del lenguaje técnico y amigable, el texto muestra algo claro: se trata de un acuerdo diseñado para defender los intereses estratégicos de Estados Unidos. El problema no es que un país defienda lo suyo —eso es lógico—, sino que la Argentina se comprometa, por la puerta de atrás, sin Congreso y sin discusión social, a ceder márgenes de decisión en áreas clave como comercio, minería, economía digital y regulación interna.
Un acuerdo sin Congreso: el atajo que debilita la República
El propio documento reconoce que no estamos ante un tratado internacional, sino ante un “marco” o “acuerdo ejecutivo”. ¿Qué significa eso? Que no pasa por la aprobación del Congreso, no se discute en comisiones, no se oyen especialistas ni gobernadores, y no se escucha la voz de la ciudadanía. En términos simples: se evita deliberadamente el control democrático.
Cuando un texto compromete la política comercial, las inversiones extranjeras, los estándares regulatorios, el régimen de propiedad intelectual y la explotación de recursos estratégicos por décadas, lo mínimo que corresponde en una República es que sea discutido por los representantes del pueblo. Si se lo firma solo desde el Poder Ejecutivo, estamos frente a un atajo que erosiona el sistema de frenos y contrapesos previsto por la Constitución.
Mercosur en riesgo y aislamiento regional
Hay otro punto sensible: la compatibilidad de este acuerdo con el Mercosur. Argentina no puede, por su cuenta, ofrecer a un tercer país ventajas comerciales que contradigan el Arancel Externo Común ni acuerdos ya vigentes en el bloque. Si este “marco” se traduce en beneficios especiales para productos estadounidenses, se abre un frente de conflicto con Brasil, Paraguay y Uruguay.
Es decir, mientras Estados Unidos avanza de manera bilateral, nosotros corremos el riesgo de debilitar nuestro principal espacio de integración regional. En lugar de negociar en bloque, con más peso, nos presentamos fragmentados, vulnerables y urgidos. En el contexto geopolítico actual, eso es una señal de debilidad estratégica.
Minerales críticos y RIGI: hipotecar 30 años de soberanía
Uno de los tramos más preocupantes del documento es el referido a los “minerales críticos” y al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La lógica es simple: garantizar a las empresas estadounidenses reglas estables, beneficios impositivos y un marco “previsible” por 30 años.
Dicho de otro modo: se pretende blindar un esquema regulatorio por tres décadas, más allá de quién gobierne, de las necesidades futuras del país o de las provincias, y de eventuales cambios en la situación ambiental, social o económica.
En el Norte argentino sabemos lo que significa esto. Hablamos de litio, cobre, oro, plata, es decir, recursos estratégicos que podrían servir para desarrollar industria nacional, tecnología propia, empleo de calidad y valor agregado. En vez de eso, se nos empuja a consolidar el rol de meros proveedores de materia prima barata, mientras las cadenas de valor, la tecnología y los mejores empleos quedan del otro lado del hemisferio.
Congelar por 30 años las reglas de juego implica quitarle al pueblo argentino —y en particular a las provincias dueñas de los recursos— la posibilidad de revisar, mejorar o corregir esos contratos. Es una forma elegante de desactivar la soberanía a largo plazo
